miércoles, 11 de febrero de 2015

Hablar con la boca llena


Debo decirlo: voté por Mockus con toda pasión política en 2010, voté por él y Noemí Sanín en 1998 y volvería a votar por él; es el político más revolucionario y una de las personas más inteligentes que he conocido. Pero todo ello no excusa que deba dejar de decir que en este episodio de alud de contratos a nombre de la paz, Mockus ha pecado, no sé si por acción o por omisión o si lo hizo o no por ingenuo; lastimosamente ha entrado a esa larga lista de colombianos mal educados que hablan con la boca llena. 

Él se defiende, tiene derecho, alegando que el contrato no es con él sino con la corporación. Sí, claro, de la cual él es el presidente. Que quienes cuestionamos el episodio lo hacemos bajo el principio de la desconfianza; sí profesor, este país hace rato desconfía de todo porque cuando hemos confiado, nos han defraudado. Y no parece difícil de entender que el objeto del contrato por $480 millones, “… que invite asertivamente a una movilización ciudadana en respaldo al proceso de paz...” es sinónimo de “convocar, poner en actividad o movimiento” (RAE). ¿Se parece eso a la Marcha? Evidente. 

Los multimillonarios contratos que la Presidencia de Santos ha entregado a dedo, usando el llamado "Fondo de Programas Especiales para la Paz", han incluido generosas sumas para Corpovisionarios, de cuya junta directiva Mockus es presidente y por ese cargo recibe una remuneración; igualmente otros tantos a la Fundación Ideas para la Paz (cuyo director fue hasta 2006 Sergio Jaramillo, hoy Alto Comisionado para la Paz, oficina que determina la asignación de estos contratos); la Fundación Arco Iris, hasta hace poco liderada por el reinsertado y columnista León Valencia y conformada por sus ex compañeros de armas en en la CRS (ELN). Los cuatro contratos para Arco Iris, por $1.673 millones, se relacionan todos con análisis enfocados a un eventual proceso con el ELN; Valencia es acérrimo defensor del proceso de paz. 

La larga lista, que llega a los $105 mil millones entre 2013 y 2014, incluye casi $20 mil millones en publicidad y divulgación para las agencias Arena Communications ($5.880 millones), Connecta ($2.646 millones para hacer encuestas y sondeos); Sístole ($812 millones para la elaboración de estrategias digitales, en la que Felipe Santos, hermano del presidente Santos, fue socio de Ricardo Leyva, representante legal de Sístole), entre otras.


La lista feliz

Y con fechas que en algunos casos coinciden con la campaña presidencial de 2014, fueron adjudicados - también a dedo - estos contratos:

RCN Televisión $700 millones
Caracol Televisión $999 millones
Revista Semana $1.092, pero no para publicidad sino con este confuso objeto: "realizar actividades de pedagogía para el posconflicto, así como por generar espacios de discusión sobre la construcción de paz". Semana, cuyo dueño Felipe López es uno de los más cercanos amigos del presidente Santos. 
La Retratista SAS, $406 millones, ("un producto de consumo masivo para entregar la visión institucional del proceso de paz").
Resander (red de emisoras comunitarias de Santander) $299 millones para capacitar medios comunitarios.
J. Thompson Walter Colombia SAS, ($1.080 millones, piezas publicitarias relacionadas con los procesos de paz)
Yanhaas S.A. (encuestas $407 millones)
Ennovva S.A. (monitoreo de medios de comunicación $1.200 millones)
Lowe SSP3 ($1.618 millones para "revisión y validación del entendimiento y contextulizacion, alineación y formulación estratégica y el desarrollo del concepto de comunicación")


Vergonzoso

Algunos medios y periodistas, usualmente acuciosos para denunciar actos de corrupción, han tomado la actitud de defender a ultranza a Mockus y, de paso, obviar cualquier referencia a esta repartija de contratos con el argumento de que como la denuncia fue hecha por el ex presidente Uribe, esto no pasa de ser una pelea política de uribismo versus santismo. Primer error y vergüenza de nuestro oficio: unos datos que han estado a la vista de todos en páginas Web accesibles desde cualquier computador, son divulgados primero por un iracundo ex presidente que por un sereno periodista investigador. Segundo error: que lo haya o no denunciado Uribe es secundario, lo que importan son los hechos, los contratos y la forma en que han sido entregados.


Falacias filosóficas 

1. Que Mockus tiene derecho a vivir de algo y que esos contratos le dan la subsistencia. Falso. Mockus tiene pensión de la Universidad Nacional, Corpovisionarios le paga como su presidente y su esposa es la Veedora Distrital de Bogotá.

2. Que no podemos criticar a Mockus porque es el paradigma de la honestidad. Seguramente sí es el paradigma pero falso que por ello no podamos cuestionarlo cuando aparezcan hechos como estos. Y mucho más si se trata de la práctica corrupta más extendida en los contratos oficiales: los que se adjudican de manera directa, sin competencia ni convocatoria. Ni Corpovisionarios ni Ideas para la Paz ni Arco Iris ni Semana ni Caracol ni RCN ni ninguno de los demás contratistas se sometió a una licitación, ni a una convocatoria ni a una subasta; ni siquiera se pidieron 3 cotizaciones para escoger la mejor. Todos simplemente enviaron una propuesta y ¡zas! venga firme y cobre. 

3. ¿Son ellos los únicos en Colombia que podían realizar cada uno de esos trabajos y proyectos, por lo cual debían saltarse todos los trámites que ordenan las normas de contratación? ¡Claro que no!


El costo de la paz

Que la paz cuesta.
Sí, la paz cuesta, muchísimo.
Sí, es razonable que a los expertos se les pague por sus conocimientos
Sí, es lógico que a quien trabaja se le remunere

Sí, qué bien que Corpovisionarios, Ideas para la Paz y Arco Iris como ONG aporten su capacidad, experiencia y sapiencia en temas de paz, de reconciliación, de análisis del conflicto y sus posibles salidas. Tienen derecho legal. Pero ese mismo derecho lo tienen decenas, centenares de otras personas, ONG y medios y formas de comunicación estratégica

Pero nada de eso es el argumento para convertir la búsqueda de la paz en la vía para repartir a tutiplén la plata de los colombianos. 

"Eso también lo hizo Uribe en su mandato". ¿Y? Pues también se denuncia, las faltas de uno no escudan la del otro.

El periodista Juan Carlos Iragorri, de RCN Radio, dio en uno de los clavos: no parece sano para la democracia que los que antes eran opositores hoy sean contratistas. 

Y bueno, como ya les dieron y les seguirán dando los contratos a dedo, por lo menos que lo digan de frente, sean transparentes, que revelen sus conflictos de interés. Y ojalá que no hablen con la boca llena; que opinen de otras cosas, que se ocupen de otros asuntos pero no de aquellos temas en los que han sido contratados. No basta con decir que existe el contrato sino de ser coherentes y abstenerse de usar los medios y espacios - que la sociedad les ha otorgado - para justificar, directa o indirectamente, sus generosos ingresos con recursos de los contribuyentes. 


“Tramparencia dedocrática”

Los contratos para Corpovisionarios, al igual que casi todos los demás a nombre de la paz, fueron entregados de manera directa, sin convocatoria ni competencia ninguna; ha bastado una oferta del interesado para que la oficina del Alto Comisionado para la Paz decida otorgar el contrato. Y aunque se dice a viva voz que los contratos son transparentes, que están a la vista de todos, eso no es completamente cierto. Sí se publican el otorgamiento y el contenido de los compromisos, pero no aparecen los documentos que justifican los pagos, lo que llaman los técnicos los "entregables" (qué hizo el contratista, cómo, dónde, cuándo, es decir las evidencias), y si alguien quiere saberlo debe remitir un derecho de petición a la oficina respectiva. 

Hasta hoy no se han publicado los "entregables" del contrato de Corpovisionarios cuyo objeto es "invitar a una movilización ciudadana" por $480 millones, que ya fueron pagados; y no se han publicado porque Mockus y su gente alegan que tienen una cláusula de confidencialidad y que solo si el Alto Comisionado autoriza, ellos lo harán (escribía esto cuando escuché en una emisora que el Comisionado autorizó a los mockusianos a divulgarlo). Y nadie le ha preguntado al Comisionado, doctor Sergio Jaramillo (ex director de Ideas para la Paz) porqué la mayoría de sus contratos son a dedo, porqué son confidenciales, porqué no se publican sus resultados.

*Una anotación no tan al margen. La esposa del profesor Mockus es la veedora Distrital Adriana Córdoba; ella, en ejercicio de sus funciones, se ha pronunciado varias veces cuestionando la contratación directa - a dedo - del gobierno de Bogotá. Una de sus tantas frases: "Es una exigencia legal para las entidades estatales asegurar la pluralidad de oferentes, dando cumplimiento al principio de libre concurrencia desde la normatividad que rige la actividad contractual del Estado, garantizando que no se presente una concentración de la contratación en organizaciones que pueden competir libremente con otras" (declaraciones del 26 de julio de 2014). 
Veedora: “Distrito hace uso desmedido de la contratación directa” (Noticiero CM& el 4 de septiembre 2013)
En casa de herrero...


Bogotá, 11 de febrero de 015

lunes, 2 de febrero de 2015

La exótica Fiscalía

En aras de conseguir la información que no pudieron por incompetencia técnica, negligencia, falta de astucia investigativa o simple inexistencia de la misma, los señores Fiscal y Vicefiscal General de la Nación intentan ahora una maroma excepcional, una especie de "salto olímpico" legal a través de la aplicación - inaplicable hasta ahora - de la llamada "favorabilidad de la ley penal" pero en sentido retroactivo. Lo más exótico - jurídicamente - que pueda escucharse lo han dicho los dos señores funcionarios intentando lo que no pudieron en todo el largo proceso penal seguido contra la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado: que la señora hable, colabore e identifique a los "… dirigentes o cabecillas de organizaciones delictivas y la demostración de su responsabilidad". 

Eso es lo que dice la Ley 600 de 2000 - remplazada por la Ley 906 de 2004 - cuando se trataba de acordar beneficios para personas condenadas a cambio de su colaboración, y es lo que pretenden los doctores Montealegre y Perdomo para encontrar al "dirigente o cabecilla" de la organización delictiva que ejecutó las denominadas "chuzadas" o interceptaciones ilegales. 

Para no alargarles el cuento: solo, y solo si, doña María del Pilar IDENTIFICA y DEMUESTRA la RESPONSABILIDAD  del dirigente o cabecilla que le dio las órdenes de seguimientos ilegales, se hará acreedora a los beneficios ofrecidos: "disminución de una sexta (1/6) hasta una cuarta (1/4) parte de la condena, sustitución de la prisión por prisión domiciliaria, suspensión condicional de la ejecución de la pena o la libertad condicional e incorporación al programa de protección a víctimas y testigos". Eso también lo dice la Ley 600. 

Y el único que podría haberle dado esas órdenes - nadie más - era el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Ella, como Directora del DAS, no tenía a ningún otro superior. 

La muy peculiar iniciativa de Montealegre y Perdomo tiene más problemas que el Álgebra de Baldor (exótico libro de bachillerato), entre otros a ver:

1. La señora Hurtado cometió sus delitos bajo la Ley 906 que entró en vigencia en enero de 2005, así que resultaría bastante enrevesado aplicarle la 600. Hacerlo así abriría un incontenible boquete jurídico por el cual se colarían delincuentes de todos los pelambres ávidos de que les rebajen sus largas condenas, o los manden para la casa a cambio de convertirse en algo que le encanta a la Fiscalía, sus "testigos estrella" (lástima que la mayoría resultan más falsos que una moneda de 3 pesos).

2. Las normas constitucional y legales hablan de la ley permisiva o favorable, "aun cuando sea posterior"; en parte alguna se dice que la ley ANTERIOR pueda favorecer a un condenado. Aplicarla hacia atrás implicaría, por ejemplo, que no pudieran aumentarse las penas como ya se ha hecho para diversos delitos, especialmente los más graves.

3. Quizá los señores de la Fiscalía quieran ampararse en un detalle de la Ley 599 o Código  Penal: que la favorabilidad también rige para los condenados. Pero eso se incluye en consonancia con la 600 (Código Procesal Penal), la que ya anotamos con relación a que los beneficios solo se otorgarán si el condenado IDENTIFICA y DEMUESTRA la responsabilidad de su jefe. 

4. Supongamos que la señora colabora e identifica a su jefe como el "dirigente o cabecilla". Viene otro detalle: la Ley 600 dice que solo "Se tendrá como eficaz la colaboración cuando al menos haya sido soporte de resolución de acusación…" El jefe de la señora solo puede ser sujeto de proceso en la Comisión de Acusaciones del Congreso y para que se apruebe allí una "resolución de acusación", que deberá ser votada por la plenaria de la Cámara de Representantes, será necesario un proceso similar o más engorroso que el 8000 que terminó a favor de Ernesto Samper. Imagínese no más el enrarecido ambiente de pugna política - mucho más caliente que el actual - con un Uribe  investigado por sus colegas congresistas.

5. Pero queda faltando una tuerca: la señora deberá DEMOSTRAR la RESPONSABILIDAD del entonces Presidente. 

Y entonces, solo allí, si la Cámara acusa a Uribe, la señora Hurtado podría recibir los beneficios que tan emocionado anunció el señor Vicefiscal. Para esa época ella ya podría haber salido de prisión por pena cumplida.